Esta semana pasada he tenido el placer, suerte, o desgracia, según como se quiera mirar, de comprobar cómo iniciativas tan enriquecedoras para nuestra sociedad como el Open Government pueden llegar a ser totalmente tergiversadas por las administraciones. Me explico. Algo que estamos muy acostumbrados a ver todos los días los que trabajamos con plataformas de tramitación electrónica, es por ejemplo, recibir documentos firmados por mas de un firmante donde uno firma mediante firma manuscrita y el otro mediante firma electrónica. Esta acción acarrea los problema legales de no poder verificar la firma del primero, y la imposibilidad de disponer del documento original firmado, obteniendo en su lugar una copia obviamente escaneada o pretratada para insertar la firma manuscrita que puede haber sido manipulada. Es lamentable, pero cierto y real. Ocurre todos los días, y aún así se nos llena la boca diciendo que somos "los masca" en cuanto administración electrónica se refiere.
A modo personal creo que las cosas tienen que llamarse por su nombre y también creo que si una administración pública hace un esfuerzo a nivel técnico y mediático para promulgar y promover iniciativas tales como esta, es de recibo que se entre por esa linea desde el primer momento, comprobando y auditando que situaciones como esta no se den, y esta es solo un ejemplo, hay muchas más circunstancias y situaciones tanto técnicas como organizativas aún por pulir.
Pues bien, este sentimiento es el mismo que he tenido esta semana pasada al hilo de las siguientes dos noticias y su relación directa e indirecta con la iniciativa Open Government que esta arrancando su andadura en nuestras administraciones.
La primera viene de la mano del siguiente tweet del canal del Proyecto Aporta donde se informaba de la actualización en su web de enlaces de nuevas iniciativas de #opendata a nivel mundial. Hasta aquí todo bien, pero llamo especialmente mi atención una iniciativa nacional que no conocía, concrétamente Reutiliz@ del Gobierno de Extremadura. Accedo a su espacio web y compruebo que disponen de un catalogo RISP, supuestamente información reutilizable del sector público. Lo que encuentro, nada tiene que ver con eso, mas bien un listado de posibles y futuros datos a abrir organizados en base a la estructura orgánica de la consejería que aporta esta información a la ciudadania. Entiendo que es un proyecto piloto, y que es una primera fase de algo que seguramente será mucho más, seguramente comparable al resto de iniciativas del Pais Vasco, Asturias, o Cataluña, entre otras. Pero de ahi, a decir que se dispone de un catalogo RISP, pues hay un abismo. Podría ser más benevolente y entender que si la información que se me proporciona es #opendata, cito textualmente "en formato pdf" o "en formato html", pues seria una solución #opendata con el nivel más bajo dentro de la categoria de extracción de datos establecido. Así podría considerar por ejemplo que toda web que publique estadisticas en formato HTML, por poner un ejemplo Observatorio Argos, donde puedo ver el indice de paro registrado por mes en Andalucía, proporciona un catalogo RISP, cuando no es así. Ya vimos que podría incluso extraer la información que este tipo de sitios web aporta mediante mashups de datos, pero esto acarrea tambien problemas de mantenimiento, por lo que no es nada recomendable optar por esta solución. Quizás un primer paso debería haber sido llevar a cabo un llamamiento a la participación ciudadana solicitando que datos se desea reutilizar, tal y como se esta haciendo ahora mismo en Navarra.
La segunda de las noticias que llamo mi atención con respecto al Open Government fue la que se publico el pasado domingo en la edición impresa y digital de El Pais Andalucía titulada: La data molesta del BOJA. En este articulo se contaba la experiencia de un ciudadano almeriense que solicita la eliminación de la palabra "Sevilla" de las cabeceras del boletin. Quizás sea un tema menor para algunos, aunque a mi personalmente no me lo parece, y estoy totalmente de acuerdo con lo que este ciudadano solicita a la administración. El problema es que el trasfondo de todo esto es que una queja propuesta bajo un paraguas basado en el fomento de la participación ciudadana, acaba con una salida por la tangente basada, como no, en la incapacidad del sistema informático que confecciona el boletín.
En fin, quizás esto sea lo que nos depara el destino, volver a tropezar con la misma piedra y ver como las cosas no terminan de arrancar, tal y como esta pasando con la administración electrónica a día de hoy. El caso es que aún hay que pulir y recorrer mucho para que podamos hablar de gobiernos 2.0. Sirva este post como critica total y absolutamente constructiva, donde el único afán es levantar un poco la mano sobre situaciones que aún podemos evitar.
Compárteme en:
1 comentarios:
Amén :-)
Publicar un comentario